
«Proyecto de reglamento de vivienda social»
En noviembre pasado, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento publicó el proyecto de Reglamento de Vivienda de Interés Social
Se han formado dos grupos gracias a la propuesta del gobierno. El primero, compuesto por quienes critican los límites, dice que el ministerio se ha excedido en su mandato y no apoya las condiciones de vida ideales aumentando bruscamente las densidades. Por otro lado, algunos ven en flexibilizar el diseño de la vivienda social como un medio importante para acomodar a más familias. Ambos pasan por alto las causas de estos incrementos, centrándose en cómo responder al elevado coste del suelo que limita la producción de vivienda.
En efecto, había dos líneas de acción relacionadas con el estado a casa. El segundo consiste en la normalización legal y urbanística de las actividades informales a través de amplios trabajos de titulación y mejoramiento.
El sol invirtiendo en agua y drenaje en actividades informales y la construcción de pistas y aceras tiene un impacto edificante en el mercado de suelo. Este impacto no se limita solo a los asentamientos informales, sino al resto de la superficie integrada con sistemas urbanos apropiados, mientras que la misma actividad informal influye urbana Tiene la ventaja de la expansión y excelente ubicación, de ahí el precio. Así, ante el apremio económico de seguir subiendo el costo de los subsidios a la vivienda, y ante la falta de opción política para acabar con el sistema de ‘provisional’ y ‘provisional’, conviene no.
Igualmente, es fundamental crear un espacio de gobernanza de la vivienda social que concilie las competencias que promueve el gobierno central con las de los gobiernos locales para idealizar la ciudad. Porque tener un reglamento de idealización y luego mudarse a una casa social sin un reglamento previo de herramientas a base de suelo es un palo, nada de palo.
El crecimiento en el número de habitantes lleva a que el uso del suelo en la ciudad o el sector urbano sea principalmente para uso doméstico, ya que creemos que las actividades residenciales son la mejor manera de dinamizar la dinámica urbana y hacer sostenible la ciudad. Construir una casa es esencialmente construir una ciudad.
Así, la «vivienda social», debe tener un área implantada y una determinada estructura de espacios. Sin embargo, hay una variable que lo distingue: el precio del suelo, que claramente no será el mismo en las regiones centrales que en las periféricas.
Al posicionarse bajo la etiqueta de «vivienda social», los desarrolladores sin escrúpulos están capitalizando una regla que hace posible que sus edificios tengan alturas más altas, menor superficie, menos estacionamientos y departamentos más pequeños, y por lo tanto más fáciles de vender, aunque sus los costos son mucho más altos que los establecidos por programas financieros como Techo Propio, por ejemplo. Lo que habría que hacer en esta situación sería obligar a quienes construyeron bajo esta regla a vender con costos de «vivienda social».
La regla se aplica a todos sin excepción, y puede ser de gran utilidad para mejorar la calidad de vida de la metrópoli en sectores deprimidos que serán objeto de programas de renovación urbana, o en regiones periféricas que permitan el funcionamiento de conjuntos residenciales con mayor densidad de población.
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